El abogado penalista Julio Rodríguez explicó que, de comprobarse una falsedad en la firma de la presidenta Dina Boluarte en el Decreto Supremo 017-2023, fechado el 29 de marzo de 2023, la mandataria podría enfrentar una pena máxima de dos años de prisión. Según indicó, el documento fue firmado mientras Boluarte se encontraba internada en una clínica, lo que genera dudas sobre la autenticidad de su rúbrica. Para esclarecer los hechos, Rodríguez consideró necesario un peritaje que el Ministerio Público deberá remitir a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
Rodríguez también se refirió a la carta notarial enviada por el cirujano Mario Cabani a la presidenta, señalando que esta contiene información que, en su opinión, no debió ser divulgada por un profesional médico. Añadió que el levantamiento de la reserva sobre datos clínicos debe hacerse bajo estrictos criterios legales, citando un fallo del juez supremo Juan Carlos Checkley como referente para el tratamiento de historias clínicas en investigaciones judiciales.
En tanto, el abogado Humberto Abanto afirmó que la difusión de dicha carta implica una nueva transgresión del secreto médico por parte de Cabani, quien, según indicó, ya habría entregado información sin autorización previa de Boluarte. Recalcó que la jefa de Estado únicamente permitió declaraciones ante la autoridad fiscal o judicial, por lo que la publicación del documento sería irregular. Asimismo, sostuvo que la advertencia sobre acciones legales no representa un acto intimidatorio y cuestionó la oportunidad de la carta, emitida un día antes de la presentación del presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso.
