El congresista Edgard Reymundo, integrante del Bloque Democrático Popular, presentó un proyecto de ley que busca establecer límites y mecanismos de control sobre el recibimiento de obsequios, atenciones o beneficios por parte de funcionarios públicos elegidos por voto popular, tanto en el ejercicio de sus funciones como en representación del Estado, dentro y fuera del país.
La iniciativa plantea que los regalos entregados al funcionario, a su cónyuge o en su nombre, sean derivados a la oficina de control patrimonial correspondiente para su evaluación, registro y posterior disposición, ya sea mediante resguardo, donación, transferencia o subasta pública. La norma también contempla un tope de valor: los obsequios no deben superar el 7 % de una Unidad Impositiva Tributaria (equivalente a 374.5 soles).
El texto exceptúa los regalos de carácter simbólico, como material publicitario, educativo o perecible, así como aquellos provenientes del entorno familiar, amical o laboral por motivos personales. De aprobarse, la medida reforzaría los estándares de transparencia y control ético en la gestión de autoridades de elección popular.
