El Poder Judicial enfrenta días de luto tras el asesinato de dos jueces de paz en menos de una semana. El primero, Jorge Renato Fernández Sánchez, fue atacado por sicarios el 5 de octubre en Quilmaná (Cañete) cuando conducía su vehículo. Días después, el 10 de octubre, Víctor Hugo López de la Cruz, juez de paz de Chicama (La Libertad), fue ultimado presuntamente por negarse a otorgar certificados de posesión de terrenos irregulares, pese a las amenazas recibidas. Ambos magistrados eran reconocidos por su integridad y compromiso con sus comunidades.
Durante la ceremonia por el aniversario de la Corte Superior de Lima Sur, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, expresó su indignación y condenó los crímenes, destacando que el juez de Chicama “murió por cumplir con la ley”. Tello llamó a fortalecer la seguridad de los operadores de justicia y exhortó a los magistrados a aplicar sanciones efectivas para recuperar la autoridad del sistema judicial.
La Corte Superior de Justicia de La Libertad también emitió un comunicado expresando su repudio y dolor por el asesinato de López de la Cruz, exigiendo una investigación exhaustiva para identificar a los responsables. El documento reafirma el compromiso del Poder Judicial con la independencia judicial y pide mayor protección para los jueces de paz, quienes trabajan en condiciones vulnerables frente a amenazas del crimen organizado y el tráfico de terrenos.
