La Comisión de Energía y Minas del Congreso debatirá este viernes el predictamen que propone ampliar hasta diciembre de 2026 el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y reincorporar a unos 50 mil mineros previamente excluidos. La iniciativa ha generado preocupación entre especialistas, quienes advierten que esta medida podría fomentar la minería ilegal, incrementar la violencia en zonas mineras y afectar la competitividad del país.
Karina Garay, vocera del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), sostuvo que una nueva prórroga del Reinfo beneficiaría a operadores ilegales y debilitaría los mecanismos de control ambiental y fiscalización. “Durante los últimos años, el Congreso no ha legislado contra la minería ilegal; más bien ha permitido el desorden y eso genera desconfianza, afectando la inversión”, afirmó. En la misma línea, Carlos Gallardo, del Instituto Peruano de Economía (IPE), calificó el Reinfo como un “esquema de impunidad” que prolonga la informalidad y deteriora la competitividad del país frente a los altos riesgos de crimen organizado.
Gallardo advirtió que esta situación retrasa proyectos mineros formales como Los Chankas, Michiquillay y Haquira —que suman más de 7,000 millones de dólares en inversión— debido a la presencia de minería ilegal en sus zonas de concesión. Además, señaló que extender el Reinfo implicaría aceptar un grave impacto ambiental derivado del uso de mercurio y la deforestación, afectando la salud pública y el ecosistema. Los especialistas coinciden en que la medida retrasaría el proceso de formalización minera, afectando tanto al Estado como a los mineros que buscan operar legalmente.
