El Congreso de la República continúa promoviendo proyectos de ley orientados a incrementar remuneraciones y pensiones en el sector público, pese a las advertencias del Consejo Fiscal sobre su impacto en las finanzas del Estado. Solo en el último mes, se presentaron 16 nuevas iniciativas que elevan el gasto corriente, mientras que el organismo técnico advirtió que 229 leyes aprobadas entre 2021 y 2026 ya representan compromisos fiscales superiores a S/35.000 millones. Además, de 352 proyectos pendientes de debate, siete dictámenes concentran un costo estimado de casi S/21.000 millones anuales, principalmente por mejoras salariales en educación, salud, justicia y otras entidades públicas.
Entre las propuestas más onerosas destacan los proyectos para equiparar pensiones de docentes jubilados, homologar progresivamente a trabajadores CAS y crear nuevas escalas remunerativas en instituciones del Estado. A pesar de ello, la actividad legislativa no se ha detenido, incluso después de que el Ejecutivo aprobara el Decreto de Urgencia N.º 008-2025 para limitar gastos y contener el déficit fiscal. La controversia aumentó tras conocerse la intención de los miembros de la Junta Nacional de Justicia de elevar su salario a S/42.000, iniciativa que fue retirada del trámite parlamentario tras la reacción pública.
El Consejo Fiscal señala que estos dictámenes incrementan permanentemente el gasto corriente y generan presiones de homologación entre entidades públicas, dificultando el cumplimiento de las metas fiscales. Aunque las siete iniciativas con costo estimado ya superan los S/12.000 millones, aún resta evaluar otros 20 proyectos que también plantean reajustes salariales en instituciones como la SUNAT, INPE, SENASA, FAP y COFOPRI. Mientras tanto, el Decreto de Urgencia vigente hasta fin de año busca asegurar el cumplimiento de la regla fiscal al restringir transferencias financieras, contrataciones y gastos administrativos dentro del sector público.
