En el distrito de Pataz, región La Libertad, persisten denuncias sobre la continuidad de actividades mineras ilegales, a pesar de las intervenciones realizadas por autoridades. Un caso emblemático es el de la mina Galindo, escenario del asesinato de 13 personas en abril de este año, que sigue operando con normalidad según fuentes locales, pese a haber sido intervenida en más de diez ocasiones, en las cuales se hallaron armas de guerra y explosivos. Dirigentes comunales, bajo reserva de identidad, cuestionan la falta de control estatal sostenido en la zona.
Residentes del área expresan su preocupación ante lo que consideran una respuesta superficial del Estado. Señalan que tras cada operativo no se implementa vigilancia permanente ni se adoptan medidas efectivas que garanticen la seguridad. “Los operativos terminan siendo actos simbólicos para las cámaras”, manifestó una vecina de un anexo cercano a la mina, quien además expresó su desconfianza hacia las autoridades, las rondas campesinas y las fuerzas armadas.
Una de las denuncias más graves apunta a presuntas extorsiones en los accesos a las minas, donde según videos difundidos, miembros del Ejército y ronderos exigirían pagos de 100 soles por trabajador a las contratas mineras que ingresan a la zona. Empresas locales habrían reportado este cobro como un “peaje informal” tolerado en tranqueras comunales. La población afirma sentirse abandonada, y demanda presencia efectiva del Estado, con acciones sostenidas que garanticen seguridad y orden en una zona marcada por la violencia y la minería informal.



