El gobierno de la presidenta Dina Boluarte conformó un grupo de trabajo multisectorial encargado de elaborar, en un plazo de 60 días hábiles, un proyecto de Ley de Soberanía Nacional que establezca mecanismos para restringir la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y dar prioridad a la legislación interna. La medida se oficializó mediante resolución ministerial, un día después de que la mandataria anunciara públicamente la iniciativa como una defensa de la soberanía nacional en una ceremonia junto a las Fuerzas Armadas y la Policía.
El anuncio ocurre en medio de un contexto de tensión con el sistema interamericano, luego de que la Corte IDH ordenara al Estado peruano abstenerse de promulgar la ley de amnistía, al considerar que vulnera sentencias firmes relacionadas con los casos Barrios Altos y La Cantuta. Pese a ello, Boluarte promulgó la norma, lo que coloca al país en una situación de desacato internacional.
Asimismo, la medida se suma a antecedentes recientes de confrontación, como la resolución de abril en la que la Corte exigió garantizar la defensa de organizaciones civiles frente a la ley APCI, que limita el trabajo de las ONG. Diversos sectores han señalado que el actual rumbo del Ejecutivo busca alejar al Perú de compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
