En la cuenca del río Nanay, en Loreto, mujeres de comunidades nativas como Seis Hermanos enfrentan una situación crítica provocada por la minería ilegal. La contaminación del agua, la pérdida de tierras y la ausencia del Estado han generado un escenario de vulnerabilidad en el que muchas se ven forzadas a trabajar en los campamentos mineros por falta de alternativas económicas, expuestas a condiciones precarias y a situaciones de abuso y explotación sexual.
Según el informe Oro Sombra, elaborado por la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), al menos 41 dragas ilegales operan en la zona, afectando directamente la vida de las poblaciones locales. El documento detalla que numerosas mujeres, principalmente madres solteras y jóvenes sin recursos, trabajan como cocineras o ayudantes en los campamentos, recibiendo pagos mínimos en oro y, en algunos casos, siendo víctimas de ofertas de explotación sexual disfrazadas de empleo. La lejanía de los puestos policiales y la falta de presencia estatal impiden que estos casos sean denunciados o registrados oficialmente.
Iris Olivera, coordinadora del Programa de Derechos de DAR, advirtió que la minería ilegal ha creado una economía paralela con graves costos sociales y ambientales, mientras la ausencia del Estado agrava el problema. Señaló que no existen mecanismos efectivos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para atender a las víctimas ni acciones articuladas para frenar los impactos diferenciados sobre las mujeres. Olivera exhortó al Gobierno a incluir la lucha contra la minería ilegal en la agenda pública nacional, con un enfoque de género, educación y derechos humanos.
