La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó un proyecto de ley que plantea sanciones de 15 a 25 años de cárcel para quienes accedan de manera ilícita a información, datos o sistemas informáticos y luego amenacen con difundir, eliminar, alterar o inutilizar ese contenido con el fin de obtener un beneficio económico o perjudicar a la víctima. La iniciativa busca responder al incremento de delitos que se cometen mediante medios digitales.
La propuesta también establece penas de entre seis y diez años de prisión cuando estas conductas afecten sistemas informáticos de uso público o institucional, o comprometan la seguridad pública, la continuidad de servicios esenciales o infraestructuras críticas. La medida apunta a reforzar la protección de las entidades que operan servicios vitales y se encuentran expuestas a ataques cibernéticos.
El proyecto, aprobado por unanimidad en la comisión, modifica el artículo 200 del Código Penal para incluir expresamente el delito de extorsión cibernética y adecuar su redacción al Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia. Para entrar en vigencia, la propuesta deberá ser debatida y aprobada por el pleno del Congreso.
