En zonas como Pataz y La Rinconada, miles de mineros informales e ilegales ingresan diariamente a socavones sin medidas de seguridad, contratos laborales ni atención médica, enfrentando riesgos constantes de muerte por derrumbes, asfixias o explosiones. Esta actividad opera al margen de la ley, sin fiscalización ni protocolos, lo que deja a los trabajadores expuestos a condiciones extremas durante jornadas de hasta catorce horas en espacios con ventilación deficiente y sin soporte estructural.
Los accidentes fatales se repiten en distintos puntos del país, como en Huamachuco, donde en 2019 ocho mineros murieron sepultados en una mina informal; en Totora Oropesa, donde varios trabajadores fallecieron asfixiados en un socavón; y en Colquemarca, escenario de una explosión en una mina ilegal en marzo de 2024. A estos riesgos se suma la violencia vinculada a esta actividad, como en Arequipa, donde entre 2021 y 2023 se registraron asesinatos de mineros artesanales y decenas de muertes por accidentes laborales.
Las autoridades no cuentan con cifras oficiales consolidadas sobre muertes y hechos violentos en estas zonas, aunque se reportan cientos de denuncias en lugares como San Antonio de Putina, donde se ubica La Rinconada, con registros de homicidios y lesiones graves a lo largo de más de una década. Especialistas advierten que, a diferencia de la minería formal, donde existen seguros y protocolos de seguridad, en la informal e ilegal los trabajadores asumen todos los riesgos, y muchas muertes no se investigan, siendo resueltas mediante acuerdos económicos con las familias para evitar denuncias.
