La empresa Servicios Generales Galaga S.A.C., encargada del traslado del material electoral en las Elecciones Generales 2026, enfrenta cuestionamientos por sanciones previas, observaciones en su contratación y millonarios contratos con el Estado, tras los retrasos registrados el 12 de abril en Lima Metropolitana. Las fallas en la distribución impidieron la instalación oportuna de mesas de sufragio y afectaron a miles de electores en distintos distritos de la capital.
De acuerdo con informes de control, la Contraloría detectó irregularidades en el proceso de contratación de la empresa semanas antes de los comicios, al advertir que el personal propuesto no acreditaba la experiencia técnica requerida para el transporte de material electoral. Pese a ello, el servicio fue adjudicado, lo que generó riesgos en la operatividad del despliegue logístico durante la jornada electoral.
Registros oficiales señalan que la compañía acumuló contratos por varios millones de soles con entidades públicas en los últimos años, además de haber recibido penalidades por incumplimientos en servicios similares. A pesar de estos antecedentes, volvió a ser contratada para el proceso electoral 2026, en el que fue señalada por la ONPE como responsable de retrasos en la entrega de material, mientras la empresa sostiene que cumplió con lo establecido y atribuye las demoras a factores externos.
