El proyecto de ley impulsado por la bancada de Renovación Popular, que propone sancionar con penas de cárcel las denuncias falsas en casos de violencia familiar, ha generado fuertes críticas por parte de especialistas y organizaciones de derechos humanos.
La iniciativa, que plantea penas de hasta cinco años de prisión, fue debatida en la Comisión de Mujer y Familia del Congreso, aunque la sesión fue suspendida por falta de quórum. Diversas voces advierten que la norma podría convertirse en un mecanismo de intimidación contra las víctimas.
Tania Pariona, representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, señaló que la propuesta constituye un “retroceso normativo” y advirtió que podría generar miedo e impunidad, especialmente en mujeres que sufren violencia. Asimismo, indicó que el proyecto confunde denuncias archivadas con denuncias falsas, lo que podría afectar el acceso a la justicia.
En la misma línea, la exministra de la Mujer Anahí Durand sostuvo que la iniciativa desincentivaría las denuncias y profundizaría las fallas del sistema de justicia, donde probar casos de violencia resulta complejo por deficiencias estructurales.
Instituciones como el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público y el Poder Judicial también han expresado su rechazo, señalando que el problema no radica en las denuncias falsas, sino en la falta de investigación oportuna y protección efectiva a las víctimas.
Por su parte, los promotores del proyecto sostienen que busca evitar abusos en el sistema y proteger la presunción de inocencia, aunque la propuesta sigue generando amplio debate en el ámbito político y social.
