El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, mantiene pendiente una denuncia constitucional presentada por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, por los presuntos delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo cuando se desempeñaba como ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Pedro Castillo. La acusación fue presentada en enero de 2025 y aún no ha sido tramitada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
La denuncia está relacionada con la designación de Daniel Abarca Soto como asesor del despacho ministerial del Mincetur en 2021. Según la Fiscalía, el nombramiento habría sido solicitado por el entonces presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y habría presentado diversas irregularidades administrativas, como la ausencia de registros documentarios y la firma del contrato días después de oficializada la designación. La investigación sostiene que Roberto Sánchez habría favorecido la contratación de Abarca en beneficio de Bellido.
Sin embargo, especialistas y el propio Congreso precisaron que la denuncia constitucional no implicaría automáticamente una inhabilitación para ejercer cargos públicos. Esto debido a que la acusación se basa en presuntos delitos y no en infracciones a la Constitución. De aprobarse la denuncia en el próximo Parlamento, únicamente se levantaría el antejuicio político para que Sánchez pueda ser procesado penalmente por la justicia ordinaria.
