La Comisión de Constitución del Congreso aprobó un proyecto de ley impulsado por el congresista Fernando Rospigliosi que incorpora el delito de lesa humanidad al Código Penal peruano, una iniciativa que ha generado fuertes críticas por presuntamente favorecer la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos.
La propuesta fue aprobada con 16 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones. El texto modifica el artículo 324-A del Código Penal e introduce una nueva definición de lesa humanidad basada en ciertos criterios del Estatuto de Roma.
Sin embargo, especialistas y organismos públicos advirtieron que la iniciativa añade requisitos que no existen en la normativa internacional y que podrían dificultar futuras condenas contra militares, policías y miembros de grupos armados investigados por graves violaciones de derechos humanos.
La excomisionada de la CIDH, Julissa Mantilla, señaló que el proyecto excluye a personas involucradas en conflictos armados internos al limitar la definición a ataques contra población civil “que no sea parte de un combate interno o externo”.
Según explicó, esto podría impedir que ciertos casos ocurridos durante el conflicto armado interno sean considerados crímenes de lesa humanidad, pese a que sí lo son bajo estándares internacionales.
Por su parte, Carlos Rivera, abogado de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, afirmó que el objetivo de la norma sería evitar que jueces continúen inaplicando leyes cuestionadas por vulnerar tratados internacionales.
Rivera también criticó que el proyecto incorpore elementos probatorios dentro del propio tipo penal, algo que —según indicó— no ocurre en otras figuras del Código Penal y podría interferir en la autonomía judicial.
Diversas instituciones también expresaron observaciones. El Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General del Estado coincidieron en que la propuesta contiene requisitos adicionales que no aparecen en el Estatuto de Roma y recomendaron adecuar el texto a estándares internacionales.
Durante el debate, la congresista Ruth Luque fue una de las pocas parlamentarias que se pronunció abiertamente en contra de la iniciativa.
