La minería ilegal continúa expandiéndose dentro y alrededor de varias áreas naturales protegidas del país, provocando graves daños ambientales, contaminación de ríos y destrucción de ecosistemas considerados estratégicos para el Perú.
Uno de los casos más críticos ocurre en la Reserva Nacional de Tambopata, en Madre de Dios, donde más de mil mineros ilegales habrían destruido más de 500 hectáreas de bosque amazónico entre 2025 y los primeros meses de 2026, según reportes de Conservación Amazónica (ACCA).
Las imágenes satelitales muestran campamentos, maquinaria pesada e infraestructura minera operando incluso cerca de puestos de control dentro de la reserva.
La situación también afecta al Parque Nacional Bahuaja Sonene, entre Puno y Madre de Dios, donde cerca de 500 hectáreas fueron deforestadas por actividades mineras ilegales que avanzan hacia sectores sensibles del parque.
En Áncash, la minería ilegal amenaza el Parque Nacional Huascarán, contaminando cabeceras de cuenca y acelerando el retroceso glaciar. Mientras tanto, en Cajamarca, el Santuario Nacional Tabaconas Namballe enfrenta contaminación por mercurio y metales pesados que ponen en riesgo fuentes de agua y especies en peligro.
La problemática también alcanza la Reserva Nacional de San Fernando, las Líneas de Nasca, el lago Titicaca y la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi, donde se reportan daños ambientales y destrucción de patrimonio natural y arqueológico.
Especialistas advierten que el debilitamiento de instituciones ambientales y la reducción del presupuesto para la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental favorecen el avance de estas actividades ilícitas.
El abogado ambientalista César Ipenza señaló que algunas leyes impulsadas desde el Congreso estarían facilitando la expansión de la minería ilegal y alertó sobre el riesgo de aprobar normas que permitan formalizar actividades extractivas en zonas sensibles de la Amazonía.
