A pocos días de la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio, el Ministerio Público anunció el despliegue de 7.000 fiscales en todo el país para supervisar el proceso electoral y prevenir delitos que puedan afectar el normal desarrollo de los comicios.
La institución informó que fiscales de prevención del delito, penales y anticorrupción participarán en acciones de control desde la distribución del material electoral hasta el cierre de la jornada de votación, en coordinación con la ONPE y otras entidades involucradas.
El objetivo es garantizar la transparencia del proceso electoral y responder de manera inmediata ante cualquier incidente que ponga en riesgo el derecho al voto o el desarrollo de las elecciones.
Según datos del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre 2010 y 2025 se registraron 146 casos de destrucción de material electoral o locales de votación, 54 enfrentamientos durante jornadas electorales y 32 bloqueos de acceso a centros de sufragio.
Asimismo, se reportaron 34 casos de suplantación de identidad y 29 incidentes relacionados con propaganda electoral fuera del horario permitido. Las regiones con mayor incidencia de delitos electorales son Cajamarca, Loreto, Áncash, Junín, Amazonas, Huánuco y Huancavelica.
Durante la primera vuelta de las elecciones de 2026 se registraron 57 incidentes con relevancia penal y 49 personas fueron detenidas por infracciones como suplantación de identidad, incumplimiento de la ley seca y propaganda indebida.
Como parte de las medidas preventivas, los fiscales también supervisarán el traslado y almacenamiento del material electoral en los almacenes de la ONPE y en los centros de votación a nivel nacional.
