El nuevo plan de gobierno presentado por Juntos por el Perú (JPP) generó cuestionamientos desde distintos sectores económicos y políticos debido a propuestas relacionadas con la reforma constitucional, la actividad minera, energética y empresarial.
Uno de los principales críticos fue el exministro de Economía Luis Miguel Castilla, quien señaló que el documento plantea cambios que podrían generar incertidumbre para la inversión privada y afectar la estabilidad económica del país.
Entre las propuestas observadas figuran la convocatoria a una asamblea constituyente, la revisión del régimen económico de la Constitución, la renegociación del contrato de Camisea y modificaciones al sistema de concesiones mineras.
Castilla sostuvo que algunas medidas podrían incrementar el riesgo país, elevar el costo del financiamiento y retrasar proyectos de inversión. Asimismo, advirtió que la incertidumbre jurídica podría afectar la generación de empleo y el crecimiento económico.
Uno de los aspectos que generó mayor controversia fue la propuesta inicial de nacionalizar Integratel, la empresa que adquirió los activos de Telefónica del Perú, y crear una empresa estatal de telecomunicaciones denominada TelPerú.
Sin embargo, horas después de presentar el documento, Juntos por el Perú realizó modificaciones y retiró dichas propuestas de la versión oficial de su plan de gobierno.
El economista consideró que estos cambios reflejan improvisación en la elaboración del programa, mientras que desde JPP sostienen que las modificaciones responden a ajustes técnicos y a la incorporación de aportes de distintas organizaciones políticas que respaldan la candidatura de Roberto Sánchez.
