El personero legal alterno de Juntos por el Perú (JPP) en Arequipa, Pablo Salas, presentó una denuncia penal ante el despacho del fiscal de la Nación contra el presidente José María Balcázar, la candidata presidencial Keiko Fujimori, el canciller Carlos Pareja, el expresidente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, el actual jefe interino de la institución, Bernardo Pachas, y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo. El documento sostiene que durante la segunda vuelta electoral se habría ejecutado una presunta operación para alterar los resultados de los comicios.
Según la denuncia, la supuesta irregularidad respondería a una «sofisticada operación ejecutada desde las más altas esferas del poder político y electoral» con el objetivo de manipular el proceso de votación y el escrutinio. Sin embargo, el escrito basa sus argumentos en una serie de hechos que, a criterio de los denunciantes, constituirían indicios de fraude, sin adjuntar elementos probatorios que acrediten directamente la alteración de los resultados electorales.
Uno de los principales argumentos presentados por Juntos por el Perú hace referencia a un decreto supremo aprobado en 2025 que actualizó las remuneraciones de los funcionarios del servicio diplomático. La agrupación sostiene que esta medida habría favorecido una supuesta «cooptación económica» de autoridades encargadas del voto en el extranjero. Asimismo, cuestiona el relevo de algunos embajadores dispuesto por el Ejecutivo, al considerar que ello habría debilitado los mecanismos de supervisión del proceso electoral fuera del país.
La denuncia también cuestiona el uso de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), implementada por la ONPE durante la primera vuelta electoral. El documento sostiene que el sistema presentaba vulnerabilidades técnicas que, según los denunciantes, habrían permitido la clonación de dispositivos USB utilizados en el procesamiento de actas. Además, afirma que el empleo de esta herramienta habría generado un supuesto impacto en la participación electoral en determinadas zonas del país, aunque no se presentan estudios técnicos ni pruebas que respalden dichas afirmaciones.
Otro de los puntos incluidos en la denuncia está relacionado con la resolución jefatural emitida por la ONPE para regular el voto en el extranjero. Juntos por el Perú sostiene que esta disposición redujo los mecanismos de fiscalización de los personeros durante el escrutinio internacional. No obstante, este mismo argumento ya fue analizado anteriormente por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que declaró infundados los cuestionamientos formulados por la organización política durante el proceso de impugnación de resultados.
Finalmente, el documento también menciona una presunta injerencia de la Embajada de Estados Unidos en Lima durante el proceso electoral. Según la denuncia, el embajador Bernie Navarro habría influido políticamente para favorecer un determinado resultado electoral. Sin embargo, el escrito no adjunta pruebas que acrediten esa acusación. Corresponderá ahora al Ministerio Público evaluar la admisibilidad de la denuncia y determinar si existen elementos suficientes para iniciar una investigación preliminar.
