La Defensoría del Pueblo advirtió sobre el surgimiento de una nueva generación de conflictos sociales y ambientales relacionados con la minería ilegal en distintas regiones del país. De acuerdo con el Reporte de Conflictos Sociales N.° 266, actualmente se han identificado seis casos activos en regiones como La Libertad, Ayacucho, Arequipa, Loreto y Madre de Dios, donde comunidades, organizaciones agrarias y pueblos indígenas exigen mayor intervención del Estado para proteger sus territorios, fuentes de agua y la seguridad de la población.
Uno de los conflictos se registra en la provincia de Pataz, en La Libertad, donde persisten las disputas por los impactos sociales, ambientales y de seguridad generados por la minería ilegal. El informe también menciona casos en Huanta (Ayacucho), Cahuacho (Arequipa), Tigre y Datem del Marañón (Loreto), además de La Pampa (Madre de Dios), donde las comunidades reclaman medidas para frenar la contaminación, proteger las cabeceras de cuenca y fortalecer el control frente al avance de actividades ilícitas.
La Defensoría alertó que esta nueva conflictividad presenta características distintas a los conflictos mineros tradicionales, debido a que involucra a asociaciones de mineros ilegales, plantas de beneficio, transportistas y redes económicas que operan al margen de la ley, dificultando el diálogo y la intervención institucional. Asimismo, advirtió que muchos casos aún no son registrados oficialmente, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y atención para evitar que estos conflictos escalen y afecten a más comunidades.
