El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA) concluyó que la detención del expresidente Pedro Castillo fue arbitraria y solicitó al Estado peruano disponer su liberación inmediata, además de otorgarle una indemnización. El pronunciamiento, fechado el 4 de junio y difundido el 9 de julio, sostiene que durante su arresto, ocurrido tras el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, se habrían vulnerado derechos reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El organismo señaló que Castillo fue detenido sin orden judicial, sin ser informado de los motivos de su arresto y sin que se respetara su inmunidad presidencial. Asimismo, recomendó realizar una investigación sobre las circunstancias de la detención y adoptar medidas contra los responsables de las presuntas vulneraciones de derechos. El GTDA también cuestionó la aplicación de la prisión preventiva y consideró que debieron evaluarse medidas menos gravosas.
El documento precisa que dos integrantes del grupo discreparon de la decisión mayoritaria y consideraron que la detención no fue arbitraria, al sostener que el mensaje del entonces presidente constituyó un acto de ejercicio del poder y no estaba protegido por la libertad de expresión. Mientras tanto, el Ministerio de Justicia ha reiterado anteriormente que los pedidos de indulto a favor de Castillo fueron declarados inadmisibles porque su condena aún no se encuentra firme.
