El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, solicitó que el Gobierno de José María Balcázar no implemente la Ley de gratificación para los trabajadores del régimen CAS y que esta decisión sea asumida por la gestión de la presidenta electa, Keiko Fujimori. El planteamiento surge tras el reciente cambio de criterio del Tribunal Constitucional sobre la iniciativa de gasto del Congreso.
Segura consideró positiva la sentencia del Tribunal Constitucional, al señalar que el Congreso no tiene facultad para aprobar normas que generen gasto público sin iniciativa del Poder Ejecutivo. Según indicó, decisiones adoptadas en años anteriores han incrementado las obligaciones fiscales del Estado mediante leyes relacionadas con pensiones, beneficios laborales, nombramientos y creación de universidades.
El titular del Consejo Fiscal sostuvo que el Ministerio de Economía y Finanzas no debería reglamentar la Ley de gratificación CAS ni autorizar su ejecución en los días que restan del actual gobierno. A su juicio, corresponde que la próxima administración evalúe el impacto fiscal de la norma y determine las acciones legales que considere pertinentes.
Además, Segura advirtió que otras leyes aprobadas por el Congreso también podrían ser revisadas o cuestionadas por el nuevo Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional, entre ellas la homologación del CAFAE, la pensión para maestros cesantes y jubilados y otras disposiciones que implican mayores compromisos presupuestales para el Estado.
