El Colegio de Economistas de Lima presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32581, norma que establece que las pensiones de los docentes jubilados y cesantes sean equivalentes a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial, actualmente fijada en S/ 3,500 mensuales.
El gremio, representado por su decano José Manuel Mesía Herrera, solicita que la norma sea retirada del ordenamiento jurídico y que el Congreso emita una nueva legislación que atienda la problemática pensionaria respetando los principios de sostenibilidad financiera y el marco constitucional vigente.
La Ley 32581 fue promulgada por insistencia por el Congreso el pasado 15 de abril de 2026, luego de que se desestimaran las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Según el Colegio de Economistas de Lima, la aprobación de la norma presenta vicios de origen debido a que no se habría identificado una fuente de financiamiento para cubrir el incremento permanente de las pensiones.
Uno de los principales argumentos de la demanda está relacionado con el artículo 79 de la Constitución, que establece que los congresistas no tienen iniciativa para crear o aumentar gastos públicos. El gremio sostiene que la Ley 32581 vulneraría esta disposición al generar nuevas obligaciones para el Estado.
La demanda también invoca la reciente sentencia 00018-2023-PI/TC del Tribunal Constitucional, mediante la cual se reafirmó la preeminencia del Poder Ejecutivo en materia de política presupuestal y se restableció la prohibición para que el Congreso genere gasto público sin el respaldo correspondiente.
De acuerdo con el documento presentado, la norma generaría una obligación fiscal permanente de al menos S/ 5,670 millones anuales sin establecer una fuente de financiamiento. El gremio advierte que el costo podría elevarse hasta S/ 18,837 millones anuales si otros pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones solicitan recibir el mismo tratamiento.
El Colegio de Economistas de Lima también sostiene que la ley podría vulnerar la prohibición constitucional de nivelar pensiones con remuneraciones de trabajadores activos y cuestiona que los docentes jubilados del Sistema Nacional de Pensiones reciban un monto considerablemente superior al de otros afiliados.
