El Gobierno declaró el estado de emergencia en cinco establecimientos penitenciarios del país por 60 días calendario, como parte de las medidas adoptadas para reforzar la seguridad ciudadana y enfrentar las actividades de organizaciones criminales que operarían desde los centros de reclusión.
La disposición comprende los penales de Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima; y Trujillo Varones, en La Libertad.
La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM. Durante el periodo de emergencia, la Policía Nacional tendrá a su cargo el control del orden interno con el respaldo de las Fuerzas Armadas, aunque la intervención estará limitada al perímetro exterior de cada establecimiento, en un radio de hasta 200 metros.
RESTRICCIONES EN LOS ALREDEDORES DE LOS PENALES
Como parte de la declaratoria, se suspenderán temporalmente determinados derechos constitucionales dentro de las áreas comprendidas por la norma. Entre ellos se encuentran la libertad de tránsito, el derecho de reunión y la seguridad personal, conforme a las condiciones establecidas.
Las autoridades también ejecutarán acciones destinadas a proteger los alrededores de los penales, el espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato. Asimismo, se realizarán controles en los puntos de acceso y labores de inteligencia para detectar posibles amenazas y prevenir eventuales fugas.
El despliegue incluirá operativos permanentes destinados a detectar y retirar objetos prohibidos. En coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), se buscará decomisar teléfonos celulares, tarjetas SIM y armas que puedan ser utilizados para facilitar actividades ilícitas.
INPE MANTENDRÁ EL CONTROL INTERNO
Mientras la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas reforzarán la seguridad en el exterior, el INPE continuará siendo responsable de la administración y custodia interna de los cinco establecimientos penitenciarios.
La disposición también establece que las medidas extraordinarias no significarán una suspensión general de las garantías fundamentales. Durante los 60 días de vigencia deberán mantenerse protegidos derechos como la vida, integridad personal, salud, defensa y debido proceso, de acuerdo con los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
GOBIERNO BUSCA FRENAR OPERACIONES CRIMINALES
De acuerdo con el Ejecutivo, los cinco establecimientos seleccionados concentran cerca del 50 % de los internos vinculados con organizaciones criminales. La declaratoria busca impedir que estas estructuras utilicen los penales como puntos desde los cuales puedan coordinar actividades delictivas hacia el exterior.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sostuvo que estas acciones no dependen de la aprobación de las facultades legislativas solicitadas al Congreso. “Independientemente de la espera de la aprobación de la solicitud de facultades, el Gobierno nacional, a través de sus diversos sectores, impulsa medidas contra la inseguridad”, afirmó.
El funcionario agregó que, una vez que el Ejecutivo obtenga dichas atribuciones, espera reforzar la respuesta estatal contra la criminalidad. “Estamos seguros de que con las facultades actuaremos con más fuerza”, señaló.
REUNIÓN CON EL NUEVO JEFE DEL INPE
Un día antes, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión en Palacio de Gobierno con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; y el recientemente designado titular del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Abraham Lescano.
Durante el encuentro se coordinaron las medidas inmediatas que implementará el Ejecutivo para reforzar el sistema penitenciario y se definieron las principales líneas de acción de la nueva administración del INPE.
Entre las disposiciones analizadas estuvo precisamente el decreto supremo que establece el estado de emergencia en cinco establecimientos penitenciarios del país.
