La criminalidad organizada continúa generando preocupación en La Libertad. Según el último reporte del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre enero y julio de este año se registraron 211 denuncias por secuestro en la región, cifra que la ubica en el cuarto lugar a nivel nacional entre los departamentos con mayor incidencia de este delito.
A nivel nacional, el reporte contabiliza 2,999 denuncias por secuestro durante el mismo período, con un promedio de 14 casos al día. Lima concentra 851 casos, seguida de Arequipa con 373 y Junín con 232, mientras que La Libertad aparece con 211 denuncias.
De acuerdo con el panorama descrito, en La Libertad las organizaciones delictivas operarían principalmente mediante dos modalidades: el secuestro de alta violencia y el secuestro express. La primera estaría dirigida a objetivos económicos de gran escala, con especial impacto en el sector de la minería formal e ilegal.
Según la Policía, los secuestros de alta violencia implican una planificación previa, el uso de armamento de guerra y la interceptación de las víctimas mediante falsos operativos policiales en plena vía pública. Uno de los casos mencionados es el del empresario minero Jenss Lara, quien fue secuestrado en Trujillo el pasado 30 de agosto.
En este tipo de hechos, las víctimas son trasladadas y mantenidas en lugares ocultos mientras los delincuentes exigen elevadas sumas de dinero a sus familiares. En Trujillo, la organización criminal “Los Pulpos” es sindicada como la principal responsable de esta modalidad y, según el reporte, sus integrantes habrían recurrido incluso a la tortura física o mutilación de extremidades para exigir rescates millonarios.
En tanto, el secuestro express o al paso se ha convertido en una de las modalidades más frecuentes debido a la rapidez con la que puede ejecutarse y al menor costo operativo. La retención suele durar apenas unas horas y tiene como objetivo principal acceder de inmediato a los fondos bancarios de las víctimas.
Entre las modalidades reportadas en Trujillo y distritos cercanos figuran los falsos colectivos y taxis informales. Los delincuentes y sus cómplices armados abordarían el vehículo durante el trayecto para amenazar al pasajero y obligarlo a entregar tarjetas de crédito, revelar contraseñas y efectuar transferencias mediante aplicativos como Yape o Plin, antes de abandonarlo en un descampado.
Ante este escenario de inseguridad, el Arzobispado Metropolitano de Trujillo convocó a representantes de la sociedad civil organizada para suscribir un pacto ciudadano por la paz y la seguridad. Entre los acuerdos figura “exigir el fortalecimiento de la inteligencia policial, financiera y utilización de nuevas tecnologías para identificar las estructuras criminales, seguir la ruta del dinero y combatir eficazmente las extorsiones”.
