El primer ministro Gustavo Adrianzén Olaya anunció que el Gobierno peruano continuará con la política de deportación de ciudadanos venezolanos que hayan cometido delitos en el país. Sin embargo, debido a la negativa del régimen de Nicolás Maduro de recibir a sus ciudadanos deportados, se evaluarán alternativas “más creativas” para su expulsión.
«Seguiremos con la política de deportación a aquellos criminales que estén cometiendo algún tipo de acto ilícito en nuestro país. No solamente en Lima o Arequipa, sino también en Lambayeque o cualquier otra región», declaró Adrianzén a la prensa.
El jefe del Gabinete Ministerial reconoció que el Gobierno de Venezuela no colabora en este proceso, lo que obliga a Perú a explorar nuevas formas de retirar a estos delincuentes del territorio nacional. No obstante, no especificó cuáles serían las medidas a implementar.
Las tensiones entre Perú y Venezuela han dificultado las deportaciones, dejando a las autoridades peruanas en la búsqueda de soluciones para enfrentar la delincuencia extranjera. Se espera que en los próximos días el Gobierno anuncie estrategias más concretas.
