La Policía Nacional y el Ministerio Público ejecutaron un megaoperativo contra la presunta organización criminal “Los Parqueros del Jota”, investigada por delitos vinculados con la extracción ilegal de oro, tenencia ilegal de explosivos y armas de fuego. La intervención se realizó de manera simultánea en Trujillo, Pataz, Chepén, Huamachuco y Lima, donde fueron detenidas 12 personas y se allanaron 23 inmuebles. El operativo estuvo a cargo de más de 240 efectivos como parte del plan “Explosión 2026”.
Según información de la Policía, la presunta organización habría desarrollado parte de su logística en Trujillo, donde se abastecía clandestinamente de explosivos, armas y municiones que posteriormente eran trasladados hacia Pataz. Las autoridades sostienen que estos materiales eran utilizados para afectar infraestructura eléctrica y minera de la zona.
Uno de los principales elementos de la investigación señala que los presuntos integrantes habrían utilizado cargas explosivas para destruir torres de alta tensión y provocar apagones. De acuerdo con la hipótesis policial, los cortes de energía eran aprovechados para facilitar el ingreso a socavones y realizar la extracción ilegal de oro, además de dificultar la actividad y vigilancia de las operaciones mineras.
La Policía también sostiene que el mineral extraído era trasladado desde Pataz hacia Trujillo mediante camiones y volquetes, utilizando rutas clandestinas y fachadas comerciales. Asimismo, los investigados habrían recurrido a conductores inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y a guías de control pertenecientes a otras empresas para intentar evadir los controles durante el traslado del mineral.
Durante los allanamientos se incautaron 20 teléfonos celulares, chips, tarjetas bancarias, cuadernos, agendas, documentación, municiones y US$10.000 en efectivo. La investigación también contempla la presunta utilización de armas para amenazar a trabajadores y enfrentarse con grupos rivales, además de la posible participación de terceros, incluidos menores de edad, en el ingreso a socavones. Las autoridades continuarán con las diligencias para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los intervenidos.
