El Poder Judicial ordenó 36 meses de prisión preventiva contra Catherin Yanet Méndez Araujo y Bertha Nelly Vigo Lecca, señaladas como presuntas integrantes de la organización criminal “Los Pulpos”, en el marco de las investigaciones por el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y otros delitos.
La medida fue dictada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Extorsión y sus delitos conexos de La Libertad. Méndez Araujo sería la expareja de Jhonsson Cruz Torres, conocido como “Jhonsson Pulpo”, presunto cabecilla de la organización criminal, mientras que Vigo Lecca es la madre de su segunda pareja.
Méndez Araujo es madre de los primeros hijos de Cruz Torres. Ambas mujeres son investigadas por su presunta vinculación con las actividades ilícitas de esta red criminal.
INVESTIGACIÓN POR SECUESTRO Y HOMICIDIOS
La decisión judicial se enmarca en las investigaciones por el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y los homicidios de Farhad Andrea Monzón Lingán, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas, Rafael Christopher Eduardo García Álvarez y Nadia Urtecho Rodríguez, ocurridos el pasado 30 de agosto.
El equipo 03 de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de La Libertad, encabezado por la fiscal provincial Andrea Elizabeth Lavado Pérez, obtuvo información sobre el recorrido del dinero exigido por la organización criminal.
Según las investigaciones fiscales, Méndez Araujo y Vigo Lecca habrían desempeñado funciones estratégicas en la administración, recepción y canalización de las ganancias ilícitas generadas por las actividades delictivas de la organización.
Los elementos que presuntamente las vinculan con el caso habrían sido obtenidos del teléfono celular de “Jhonsson Pulpo”, quien fue detenido en Bolivia. En el dispositivo se encontraron conversaciones que comprometerían a ambas investigadas.
OPERATIVO Y PEDIDO DE PRISIÓN PREVENTIVA
El pasado 17 de septiembre, la Policía Nacional ejecutó un operativo que incluyó la detención preliminar de las investigadas, así como el allanamiento, descerraje y registro de sus respectivos inmuebles.
Tras concluir los 15 días de detención preliminar y reunir los elementos de convicción obtenidos durante las diligencias, el equipo fiscal solicitó que ambas mujeres permanezcan en prisión preventiva durante 36 meses.
El requerimiento fue sustentado por los fiscales adjuntos provinciales en diversas sesiones de audiencia, en las que expusieron los elementos que vincularían a las investigadas con la estructura criminal y la gravedad de los hechos atribuidos.
Finalmente, el Poder Judicial declaró fundado el pedido fiscal en su totalidad. Según el Ministerio Público, esta decisión reafirma el compromiso de las autoridades judiciales en la lucha contra el crimen organizado.
