
La Comisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por unanimidad admitir a trámite la denuncia contra la exparlamentaria de Alianza para el Progreso. Se le atribuye presuntamente haber utilizado pasajes aéreos financiados por el Congreso para asistir a actividades partidarias en Trujillo.
La Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 17 votos, declarar procedente y admitir a trámite la denuncia constitucional contra la excongresista liberteña Magaly Ruiz Rodríguez por la presunta comisión del delito de peculado doloso, en agravio del Estado.
El grupo de trabajo es presidido por el diputado Daniel Varas Seguin, de Juntos por el Perú. La decisión permitirá continuar con el procedimiento correspondiente para evaluar los hechos atribuidos a la exparlamentaria.
¿DE QUÉ SE ACUSA A MAGALY RUIZ?
La denuncia constitucional N.° 003-2026-2031 fue presentada por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas. En ella se señala que Ruiz Rodríguez habría utilizado pasajes aéreos financiados con recursos del Congreso para participar en actividades partidarias de Alianza para el Progreso (APP), realizadas en Trujillo los días 7 y 8 de diciembre de 2024.
Según los fundamentos de la denuncia, la exparlamentaria habría empleado dichos pasajes para asistir a las celebraciones por el aniversario de la agrupación política liderada por César Acuña Peralta. Entre las actividades mencionadas figuran una misa y un almuerzo.
Los recursos utilizados estaban destinados al cumplimiento de las funciones congresales, según lo señalado en la acusación.
EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA DENUNCIA
El informe de calificación, elaborado por la Secretaría Técnica, concluyó que la denuncia cumple con los requisitos y criterios establecidos en los artículos 176 y 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Asimismo, el documento determinó preliminarmente que los hechos atribuidos a la excongresista podrían encuadrarse en el delito de peculado doloso, contemplado en el artículo 387 del Código Penal.
Durante la sustentación se precisó que la admisión de la denuncia constituye una evaluación preliminar y no representa un adelanto de opinión ni un prejuzgamiento sobre los hechos. El procedimiento, según se indicó, debe desarrollarse respetando el principio de legalidad y el debido proceso.



