El Gobierno peruano anunció el fortalecimiento de la protección legal para los ciudadanos que hieran o abatan a delincuentes al defender su vida o la de terceros frente a una agresión. La medida fue establecida mediante el Decreto Legislativo N.° 1743, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para reforzar las garantías de quienes actúen en legítima defensa.
El ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, explicó que la reforma busca evitar que una persona enfrente consecuencias penales, incluso prisión, por defenderse de un delincuente que intentó quitarle la vida. “¿Por qué el ciudadano puede ser sometido, incluso, a prisión por abatir a un criminal que lo ha querido matar?”, cuestionó durante declaraciones recogidas por Andina Noticias.
El Decreto Legislativo N.° 1743 modifica el numeral 3 del artículo 20 del Código Penal y establece que la legítima defensa puede eximir de responsabilidad penal a quien proteja bienes jurídicos propios o de terceros, incluso mediante el uso de fuerza letal. Para ello, deben concurrir tres condiciones: una agresión actual, ilegítima y real; la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; y la ausencia de provocación suficiente por parte de quien ejerce la defensa.
Uno de los principales cambios es la incorporación de una presunción de racionalidad a favor de la persona que se defiende. Esto significa que se considera que actuó razonablemente frente a la agresión, por lo que corresponde al Ministerio Público demostrar lo contrario. Además, cualquier resolución judicial que descarte esta presunción deberá contar con una motivación cualificada, bajo sanción de nulidad.
La reforma también elimina el criterio de proporcionalidad de medios que anteriormente se utilizaba para evaluar la necesidad racional de la defensa. En su reemplazo, se deberán considerar factores como la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del atacante, los medios disponibles para defenderse y los bienes jurídicos que se busca proteger.
Asimismo, la norma dispone que la racionalidad del medio empleado sea evaluada desde la perspectiva de quien ejerce la defensa y tomando en cuenta las circunstancias existentes en el momento exacto de la agresión. De esta manera, el análisis deberá considerar el contexto de riesgo que enfrentó la víctima durante el ataque.
El ministro Astudillo sostuvo que la medida busca garantizar que las personas que adquirieron armas legalmente puedan defenderse y proteger a sus familias frente a la violencia criminal. El Gobierno señaló que los cambios refuerzan las garantías de los ciudadanos, siempre dentro de las condiciones establecidas por el ordenamiento jurídico.
