
Más de 50 homicidios violentos al año se registran en las zonas mineras de La Rinconada, en Puno; Atico, en Arequipa; y Pataz, en La Libertad. Además, siete de cada diez trabajadores mineros serían víctimas de extorsión, según una investigación del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia (ICEV), que advierte que la violencia y la vulneración de derechos humanos forman parte de las condiciones que permiten el funcionamiento de la minería no legal.
El estudio sostiene que el control armado, la ausencia de medidas de seguridad y las deficientes garantías laborales favorecen esta actividad al reducir sus costos y permitir altos niveles de impunidad. Nicolás Zevallos, fundador del ICEV, explicó que la violencia se extiende desde el financiamiento y traslado de insumos hasta el procesamiento y transporte del mineral. Los trabajadores se exponen a sustancias peligrosas, derrumbes, amenazas y falta de equipos de protección, contratos y seguros. “Esta violencia y esas condiciones de trabajo son sistemáticas”, afirmó.
La investigación estima que más de 49 mil personas son víctimas de explotación laboral en las tres zonas analizadas. En La Rinconada, ubicada a más de 5.000 metros de altitud, se calculan entre 20 y 25 homicidios anuales, varios relacionados con disputas por el control de las bocaminas. Además, el sistema conocido como “cachorreo” obliga a trabajadores a pasar semanas sin recibir un salario, bajo la expectativa de encontrar mineral y obtener ganancias.
En Atico se registran entre 15 y 20 homicidios al año, muchos vinculados a enfrentamientos armados por el control territorial. Su ubicación también la convierte en una zona de tránsito del mineral y de presencia de extorsionadores. En Pataz, la investigación calcula entre 18 y 25 homicidios anuales y reporta asesinatos dentro de los socavones, secuestros, extorsiones y amenazas contra trabajadores, mientras organizaciones criminales buscan controlar las rutas de salida del mineral.
Zevallos señaló que los mineros deben pagar “cupos” o “derechos de anclaje” a grupos armados para evitar que los maten o les quiten el mineral. El estudio identificó seis tipos de actores involucrados: grandes organizaciones criminales; grupos que controlan socavones, rutas y negocios; proveedores de insumos y servicios; grupos armados que ofrecen seguridad; y bandas que aparecen ocasionalmente, entre otras categorías descritas por el investigador.
Los hombres migrantes de entre 18 y 50 años son uno de los grupos más expuestos, debido a que muchos llegan desde zonas pobres buscando ingresos y terminan en labores peligrosas. Las mujeres y menores de edad también enfrentan redes de explotación sexual en prostíbulos, bares y hoteles. El investigador estima que unas 1.200 mujeres serían explotadas sexualmente en las tres zonas, además de advertir sobre explotación infantil y extorsión a comunidades.
La investigación atribuye el avance de estas organizaciones a la débil presencia estatal, con patrullajes policiales esporádicos e intervenciones fiscales que suelen producirse después de delitos graves. Zevallos también cuestionó el proceso de formalización minera y las ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), al considerar que permitieron a operadores ilegales continuar trabajando bajo una apariencia de legalidad.



