El nombramiento de funcionarios sin méritos académicos ya no quedará impune. La Ley N.º 31676, que modifica el artículo 381 del Código Penal, establece penas de prisión de 2 a 4 años y multas de 60 a 120 días para quienes designen, contraten o encarguen a personas que no cumplan con los requisitos legales mínimos para ocupar cargos públicos. La normativa busca fortalecer los principios de mérito, idoneidad y legalidad en la función pública.
La ley también incluye sanciones para quienes acepten cargos sin cumplir las condiciones legales, promoviendo un sistema más transparente y profesional. El objetivo es garantizar que los funcionarios públicos posean, como mínimo, un grado académico que respalde su idoneidad para desempeñar sus funciones, según lo estipulado en la normativa.
Autoridades como alcaldes y gerentes municipales están en la mira de esta medida, ya que se les exhorta a revisar detalladamente los perfiles de los funcionarios bajo su gestión. Con esta disposición, se busca erradicar las prácticas de nombramientos arbitrarios, fortaleciendo así la calidad del servicio público en el país.
