Durante una sesión extraordinaria de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República, realizada en Trujillo, el congresista por La Libertad, Diego Bazán Calderón, presentó el proyecto de ley N.° 10322. La iniciativa legislativa propone sancionar con una multa de 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por día a las empresas de telecomunicaciones que permitan el ingreso de llamadas telefónicas a los centros penitenciarios del país.
Bazán argumentó que la región La Libertad atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes, agravada por la pérdida de control en los establecimientos penitenciarios. Según el parlamentario, estos centros han dejado de cumplir su función de aislamiento social, permitiendo que internos continúen liderando actividades delictivas desde el interior, incluso coordinando con cómplices en el exterior mediante comunicaciones no restringidas.
El legislador señaló que, aunque el Decreto Legislativo 1688 establece la obligación de bloquear servicios de telecomunicaciones en penales, su reglamento actual otorga a OSITRAN la facultad de definir los criterios para su aplicación. Por ello, su propuesta busca fijar una sanción concreta: cada vez que se detecte el ingreso de una llamada a un penal, se impondrá una multa inmediata de 100 UIT a la operadora responsable, acumulativa por cada día en que ocurra una infracción similar.
