El Estado peruano destina alrededor de S/ 1 068 millones cada año al mantenimiento del sistema penitenciario, cifra que se traduce en un gasto mensual de S/ 900 por cada interno. Actualmente, las 69 cárceles del país albergan a unos 98 000 reclusos, a pesar de tener una capacidad instalada para solo 42 000, lo que genera una sobrepoblación de más del 130%. Esta situación representa una presión significativa sobre el presupuesto público, sin resultados concluyentes en cuanto a rehabilitación o reinserción social.
Según cifras oficiales, más del 25% de la población vive en situación de pobreza o pobreza extrema. En zonas rurales, una familia promedio sobrevive con entre S/ 500 y S/ 600 mensuales, destinando casi todo a alimentación y servicios básicos. En contraste, el monto invertido por el Estado en cada reo cubre alimentación, atención médica, servicios, seguridad y funcionamiento del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Además, el 36% de la población carcelaria unos 35 000 internos se encuentra en prisión preventiva, sin sentencia, lo que agrava el hacinamiento y aumenta los costos operativos del sistema.
Expertos en políticas públicas y justicia penal advierten que este modelo, centrado en el encarcelamiento, presenta serias deficiencias. El criminólogo Fernando Ugaz señala que «invertimos más en encerrar que en prevenir o reinsertar», lo que genera entornos propicios para la reincidencia. Mientras tanto, la inversión en programas sociales y educativos en las comunidades más vulnerables sigue siendo limitada. Aunque las autoridades han anunciado la construcción de nuevos penales y la implementación de grilletes electrónicos, los especialistas coinciden en que sin una reforma integral del sistema judicial y penitenciario, el gasto seguirá creciendo sin generar beneficios sostenibles para la sociedad.
