La fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, Ana Cristina Vigo Ordóñez, ha tomado la controversial decisión de dejar en libertad a Armando Roberto Barros Cruz, quien está acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Anghelo Araujo de la Cruz, ocurrido frente a la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO). Esta decisión ha generado un gran revuelo en la opinión pública, dado el trasfondo serio de las acusaciones que enfrenta Barros.
Durante la audiencia, se presentaron argumentos que evidenciaron contradicciones en la versión del acusado. Barros afirmó que Araujo lo había esperado frente a la puerta de la UPAO; sin embargo, se reveló que en el teléfono celular de la víctima se encontraron audios donde Barros lo llama, instruyéndolo a salir de la discoteca en la que se encontraba. Esta inconsistencia ha sembrado dudas sobre la credibilidad de su declaración.
Además, Barros mencionó que tenía dos celulares y que uno de ellos se le cayó y se perdió mientras huía, indicando que no recordaba el número del dispositivo con el que se comunicó con Araujo. Sin embargo, una testigo en el caso afirmó que cuando el celular de su enamorado se cayó, ella lo recogió y se lo devolvió posteriormente, lo que contradice la versión de Barros.
A pesar del peso de las evidencias, Barros se ha negado a colaborar con las autoridades permitiendo la visualización de su celular, lo que ha llevado a la sospecha de que pudo haber eliminado evidencias clave que podrían ayudar en el esclarecimiento del homicidio calificado. La fiscalía ha señalado que la desaparición de estas pruebas es un indicativo de que Barros podría estar intentando obstruir la investigación y evitar que se identifiquen a los verdaderos autores del crimen.
En su argumentación, la fiscal señaló que, aunque existen ciertos elementos de convicción que apuntan a una posible vinculación de Barros con el hecho delictivo, no se han recabado suficientes pruebas contundentes que justifiquen la prisión preventiva. La fiscal Vigo Ordóñez manifestó que hasta el momento de emitir su decisión, no se habían obtenido elementos graves y fundados que sostuvieran la necesidad de una medida coercitiva como la prisión preventiva. Esto se debe a que no se han presentado pruebas contundentes, ya sea en forma de llamadas, mensajes o videos, que vinculen de manera clara al acusado con la comisión del delito.
La fiscal también enfatizó que no se ha establecido una sospecha fuerte o vehemente que permita considerar la participación de Barros en el crimen, lo cual deberá ser determinado en el desarrollo de las diligencias. La falta de un fundamento sólido para la medida cautelar ha llevado a la fiscalía a concluir que no se pueden establecer pronósticos de pena en este momento, debido a la imposibilidad de definir el grado de participación del investigado en el evento delictivo.
