Tras el megaoperativo realizado en el paradero de vehículos hacia Otuzco, 22 personas fueron intervenidas en Trujillo, quienes llevaban consigo 17 pistolas, dos revólveres, chalecos antibalas y municiones de diferentes calibres. Tras ser liberados, los detenidos comenzaron a reclamar la devolución de sus armas y negaron cualquier vínculo con la minería ilegal.
El general PNP Guillermo Llerena, jefe de la Región Policial La Libertad, señaló que la mayoría de los detenidos contaba con licencias de armas en la categoría L1, que es otorgada para defensa personal. Sin embargo, cuestionó el hecho de que los detenidos portaban placas balísticas nivel 3, las cuales son equipamiento de uso militar.
Uno de los intervenidos, un expolicía, calificó la intervención de “abuso” y aseguró que las armas incautadas estaban en regla con la Sucamec. “Todas las armas cuentan con licencia y ninguna está vinculada a un acto delictivo. Es un abuso”, manifestó.
Los detenidos han indicado su intención de denunciar el operativo ante la Inspectoría de la Policía y el Ministerio del Interior, asegurando que se trató de un atropello.
