El partido político Perú Libre habría utilizado de manera irregular hasta 135 mil soles del financiamiento público directo para cubrir los gastos de defensa legal de su líder prófugo, Vladimir Cerrón, según observaciones realizadas por la ONPE. Frente a esta situación, el congresista Flavio Cruz reconoció que, de confirmarse la irregularidad, la organización política asumiría su responsabilidad y devolvería el dinero. Asimismo, señaló que otros partidos también tienen observaciones similares en sus manejos financieros.
Durante el 2024, no solo Perú Libre habría hecho uso de estos fondos de manera indebida. Fuerza Popular destinó 142 mil soles, Avanza País 146 mil, Alianza para el Progreso más de 97 mil y Acción Popular más de 35 mil soles para fines similares, todo esto antes de que existiera una norma que lo permitiera.
El politólogo y exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta Soldevilla, aclaró que este tipo de manejos representan una falta administrativa y no un delito penal. Explicó que el financiamiento público para los partidos estaba originalmente destinado para gastos ordinarios como alquileres, servicios y capacitaciones, pero en ningún caso para costear la defensa legal de dirigentes procesados.
📌 La polémica Ley 32254
A pesar de las observaciones y cuestionamientos, el pasado 1 de febrero el Ejecutivo promulgó la Ley 32254, la cual ahora permite que los partidos políticos utilicen el financiamiento público para pagar la defensa legal de sus dirigentes. Con esta medida, en la práctica, el Gobierno ha convalidado una práctica que previamente era considerada indebida, generando un amplio debate sobre la transparencia y el uso de los recursos del Estado en la política.
