El delito de trata de personas sigue en alarmante crecimiento en el Perú, con más de 5 mil víctimas registradas cada año, según datos de la organización CHS Alternativo. La falta de políticas efectivas y el escaso presupuesto destinado a su combate han convertido a esta actividad ilícita en la segunda economía criminal más lucrativa del país, solo superada por la minería ilegal.
Las organizaciones criminales que se dedican a la trata obtienen un promedio de S/ 28,875 por cada víctima al año y, en total, mueven más de 1300 millones de dólares anuales, según la investigación Las Economías Criminales y su Impacto en el Perú (2022). Gran parte de este delito tiene como objetivo la explotación sexual, y un número preocupante de víctimas son menores de edad.
A pesar de la magnitud del problema, el presupuesto asignado por el Estado para combatir la trata de personas es mínimo, alcanzando apenas S/ 0.18 por ciudadano. Esta falta de inversión en prevención y persecución del delito deja en vulnerabilidad a miles de personas, mientras las mafias continúan operando con impunidad.
Especialistas advierten que el Estado debe reforzar las estrategias para frenar esta actividad delictiva, con mayor inversión en programas de prevención, rescate de víctimas y sanción a los responsables. La trata de personas es considerada la esclavitud del siglo XXI, y su erradicación requiere un esfuerzo conjunto de las autoridades, la sociedad civil y la comunidad internacional.
