El Gobierno peruano presentó al Congreso un proyecto de ley que endurece las penas contra quienes reingresen ilegalmente al país tras haber sido expulsados. La iniciativa plantea sanciones de seis a diez años de prisión, restableciendo la severidad de la ley anterior, que actualmente castiga este delito con penas de dos a cuatro años.
Asimismo, la propuesta incluye fuertes sanciones contra el tráfico de migrantes. Cualquier persona que facilite el ingreso ilegal de extranjeros cobrando dinero podría recibir una condena de ocho a doce años de prisión. En casos agravados, donde se involucre abuso de autoridad, menores de edad o múltiples víctimas, la pena se elevaría a un rango de diez a catorce años.
El Ejecutivo argumenta que esta medida responde a la necesidad de reforzar el control migratorio y la seguridad fronteriza, buscando frenar el ingreso irregular de personas que podrían representar un riesgo para el país. La propuesta será debatida en el Congreso en los próximos días.
