La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, enfrenta cuatro denuncias constitucionales en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, promovidas por congresistas de distintas bancadas y por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Los denunciantes solicitan su inhabilitación en el cargo por 10 años, alegando diversas faltas.
La bancada de Renovación Popular acusa a Espinoza de cohecho activo específico y encubrimiento personal. Según la denuncia, en 2018, cuando el fiscal Pablo Sánchez enfrentaba una investigación, ella habría ofrecido archivar su caso a cambio de su apoyo en la elección para fiscal de la Nación.
Por otro lado, los congresistas Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), José Cueto (Honor y Democracia) y Alfredo Azurín (Somos Perú) presentaron una denuncia contra Espinoza por abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica. Esta acusación también incluye a los fiscales Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, argumentando que el Ministerio Público no ha respetado la norma que otorga a la Policía el control de las investigaciones preliminares.
Asimismo, la congresista Kira Alcarraz (Podemos) denunció a Espinoza por abuso de autoridad, tras acusar a 11 parlamentarios de negociación incompatible por haber votado a favor de un dictamen que eliminaba el tope salarial de S/ 15,600 para pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, beneficiándose directamente.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, también presentó una denuncia contra la fiscal de la Nación por presuntamente haber filtrado información sobre su caso a la prensa. Adicionalmente, interpuso una queja ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Ante estas acusaciones, Delia Espinoza ha respondido que le preocupa que se impongan los votos y no el criterio legal, enfatizando que cualquier denuncia en su contra debe estar debidamente motivada.
