El Gobierno peruano anunció la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso para instaurar el servicio militar y policial obligatorio, con el propósito de fortalecer la lucha contra la delincuencia. La iniciativa, dada a conocer por el primer ministro Gustavo Adrianzén, es resultado de los acuerdos alcanzados en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec). «La seguridad ciudadana es una prioridad y estamos evaluando todas las medidas necesarias para enfrentar la criminalidad», afirmó Adrianzén en conferencia de prensa. La propuesta busca reforzar la presencia de las fuerzas del orden y optimizar su capacidad de respuesta ante el incremento de la violencia en el país.
El anuncio se produce en un contexto de tensión política, mientras sectores del Legislativo promueven una moción de interpelación contra Adrianzén, cuestionando su liderazgo en materia de seguridad. El congresista Edwar Málaga expresó en la red social X que la iniciativa no solo responde a la crisis de inseguridad, sino también a una presunta falta de dirección del gabinete. El documento que sustenta la interpelación acusa al primer ministro de no coordinar eficazmente la lucha contra la delincuencia y de contribuir a la inestabilidad gubernamental.
Durante la sesión del Conasec, se acordaron además otras medidas para enfrentar la crisis de seguridad. Entre ellas, la declaratoria de emergencia de la Policía Nacional del Perú, la reforma del sistema penitenciario impulsada por el Ministerio de Justicia y la posible incorporación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Asimismo, se evaluará la regularización de extranjeros a través de Migraciones y su expulsión en caso de incumplimiento. El Ministerio de Economía, en coordinación con gremios empresariales, promoverá la construcción de nuevos centros penitenciarios mediante el mecanismo de obras por impuestos.
