Tras el hallazgo de 13 mineros asesinados en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, los familiares de las víctimas han expresado su indignación por la presunta falta de apoyo por parte de la empresa contratista R&R, que prestaba servicios a la minera Poderosa. Enrique Carbonell, padre de uno de los trabajadores fallecidos, denunció públicamente que no ha recibido ningún tipo de asistencia ni comunicación por parte de la compañía para gestionar el traslado de los restos de su hijo, Josué Carbonell Beltrán, quien deja en la orfandad a dos menores de edad.
Los cuerpos de los mineros serán llevados a la morgue de Trujillo, donde algunos de los familiares han sido informados de que los restos serán entregados en bolsas plásticas, sin ataúdes, lo que ha sido calificado como un acto inhumano. Enrique Carbonell declaró en medios de comunicación que la situación refleja una grave falta de sensibilidad por parte de la empresa contratista, y exigió que se tomen medidas adecuadas para brindar un trato digno a los fallecidos y sus familias. Además, cuestionó la aparente indiferencia institucional frente al dolor de los deudos.
El padre de la víctima también criticó la posibilidad de que las autoridades estén retrasando la entrega de los cuerpos a la espera de la llegada del ministro del Interior, lo que consideró un acto de populismo. En ese sentido, hizo un llamado directo a la minera Poderosa para que asuma su responsabilidad y garantice que los trabajadores fallecidos sean entregados a sus familias en condiciones adecuadas. Asimismo, rechazó las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien había sugerido que no se había reportado la situación a tiempo, afirmando que la denuncia fue realizada días antes.
