La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó la admisión a trámite de diversas denuncias que involucran a exautoridades del Ejecutivo, entre ellas el expresidente Pedro Castillo y el ex primer ministro Alberto Otárola. Por mayoría, se aceptó iniciar el análisis de la Denuncia Constitucional 520, presentada por el exfiscal de la Nación (i), Juan Carlos Villena, contra Otárola Peñaranda por presunta colusión simple y agravada. El documento lo acusa de haber influido indebidamente en contrataciones dentro de Devida para favorecer a una persona de su entorno con órdenes de servicio, lo que estaría sustentado en reportes periodísticos y otros elementos probatorios.
En la misma sesión, se declaró procedente el trámite de las denuncias constitucionales 547 y 575 contra el expresidente Pedro Castillo, la ex primera ministra Betssy Chávez y los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez. Estas se relacionan con la supuesta infracción a la Constitución por el intento de disolución del Congreso ocurrido el 7 de diciembre de 2022. La subcomisión rechazó los cargos penales por rebelión y conspiración, invocando el principio del non bis in idem, y también declaró improcedente la acusación contra el exministro Emilio Bobbio Rosas. Por otro lado, se desestimó la Denuncia Constitucional 566, que implicaba al fiscal supremo Luis Arce Córdova, al no hallarse elementos suficientes para sustentar el cargo por tráfico de influencias.
Durante la jornada, se reprogramaron las audiencias vinculadas a los casos de la exministra Betssy Chávez, por presunto enriquecimiento ilícito, y del exministro Jorge López Peña, por solicitud de las partes involucradas. Además, se aprobó una rectificación por error material en el Informe Final de la Denuncia Constitucional 354, que involucra a los fiscales supremos Víctor Rodríguez Monteza y Pedro Chávarry, sin que ello implique modificaciones en el contenido sustancial del informe. La presidenta de la subcomisión, María Acuña Peralta, reiteró el compromiso con el respeto al debido proceso y al derecho a la defensa de los denunciados.



