El Poder Ejecutivo decidió no promulgar la ley aprobada por el Congreso en abril que proponía sanciones penales para quienes activaran, poseyeran o comercializaran chips de telefonía móvil de manera irregular. La norma buscaba frenar la venta ambulatoria y el uso ilegal de tarjetas SIM, una práctica que, según autoridades, alimenta el accionar de redes delictivas dedicadas a la extorsión telefónica. A pesar del aumento de denuncias vinculadas a este tipo de delitos, el Gobierno de Dina Boluarte optó por observar la iniciativa legislativa.
El proyecto establecía penas de hasta ocho años de prisión para quienes activaran líneas móviles sin el consentimiento del titular y hasta nueve años para quienes facilitaran la venta o adquisición de chips de forma irregular. También incluía sanciones de hasta cuatro años de cárcel para quienes ofrecieran estos servicios de manera ambulatoria. Con esta propuesta, el Congreso buscaba desincentivar el comercio informal de líneas móviles, considerado un canal clave para actividades ilícitas.
En su observación, el Ejecutivo argumentó que la norma contradecía el principio de mínima intervención penal y podría afectar a personas que actuaran sin intención delictiva. Según el pronunciamiento oficial, aplicar penas privativas de libertad en estos casos podría vulnerar el principio de culpabilidad y generar sanciones desproporcionadas. Por este motivo, el Gobierno decidió devolver la propuesta al Congreso para su eventual reconsideración.
