El Ministerio Público de Perú presentó una segunda denuncia constitucional en contra de la presidenta Dina Boluarte, esta vez por el presunto delito de colusión agravada. La acusación sostiene que, cuando ejercía como ministra de Desarrollo e Inclusión Social durante el gobierno de Pedro Castillo, Boluarte habría concertado con Víctor Hugo Torres Merino, amigo de infancia de su hermano Nicanor Boluarte, para facilitar su contratación como proveedor en programas estatales como Qali Warma y Plataformas de Acción para la Inclusión Social. La denuncia fue tramitada por el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales ante el Congreso, órgano que debe autorizar el proceso antes de avanzar con las investigaciones.
Esta nueva acusación se suma a otra presentada el mismo día por presuntas lesiones graves y leves relacionadas con las protestas sociales que se produjeron entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. En esta denuncia, además de la presidenta, figuran como señalados los ex primeros ministros Pedro Miguel Angulo y Luis Alberto Otárola, así como los exministros del Interior César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero, y el exministro de Defensa Jorge Luis Chávez. Según la Fiscalía, se ha identificado a 75 víctimas producto del uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas durante las manifestaciones.
En cuanto al caso de colusión agravada, se menciona que el hermano de la mandataria, Nicanor Boluarte, se encuentra bajo investigación por tráfico de influencias, cohecho y presunta pertenencia a una organización criminal. La contratación de Torres Merino en los programas sociales ocurrió mientras Boluarte lideraba ese ministerio, lo que constituye, según la Fiscalía, un posible aprovechamiento indebido del cargo. El programa Qali Warma, uno de los involucrados, fue desactivado por el actual gobierno luego de denuncias por intoxicaciones y presuntas irregularidades en la selección de proveedores.
