Mercedes Urdampilleta Ramírez, propietaria del restaurante turístico “Canana”, presentó una denuncia penal contra el gerente general de SEDALIB, Víctor Gutiérrez Muñoz, ante la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa Penal de Trujillo. El recurso fue admitido por el fiscal adjunto Miguel Ángel Casas Chusno y se fundamenta en la presunta vulneración del derecho constitucional a la vida, luego de que personal de la empresa retirara las conexiones de agua y desagüe de su vivienda, pese a que existe un proceso judicial en curso por un recurso de amparo interpuesto contra la empresa.
De acuerdo con la denunciante, el 12 de mayo, alrededor de 15 trabajadores de SEDALIB llegaron a su domicilio ubicado en la cuadra siete de la calle San Martín, bloqueando el tránsito vehicular con caballetes y procediendo sin trámite previo a retirar las conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado. Esta acción se habría realizado en cumplimiento de dos notificaciones emitidas por SEDALIB el 7 de abril y dirigidas a Edgardo Antonio Armas Blengeri, antiguo titular del servicio ya fallecido, fundamentadas en la Resolución del Consejo Directivo No. 058-2023-SUNASS-CD, que permite el levantamiento de conexiones por deudas impagas.
Según documentos presentados ante el Poder Judicial, el adeudo reclamado se originó en 2012 y fue objetado en vida por Armas Blengeri, cuyos familiares han continuado con un proceso judicial en su defensa. Aunque el Código Civil señala que los herederos deben responder por las deudas del fallecido, el pago no debe hacerse con sus propios bienes. En este contexto, el Ministerio Público consideró los riesgos a la salud de Urdampilleta, de 81 años, quien vive sola y en condición de reposo médico, al admitir la denuncia por el presunto delito vinculado a la afectación del derecho a la vida.
