La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) expresó su rechazo al Decreto Supremo que reglamenta la Ley 32213, al señalar que fueron excluidos del proceso de elaboración de la norma. En un comunicado difundido este lunes, los gobernadores regionales manifestaron su preocupación por lo que consideran una centralización de funciones en el Ministerio de Energía y Minas, lo cual —afirman— debilita las facultades técnicas y de fiscalización que la Constitución reconoce a los gobiernos subnacionales.
El pronunciamiento, firmado por la directiva de la ANGR y encabezado por el gobernador regional de Áncash, Koki Noriega, sostiene que esta medida afecta el proceso de descentralización en el país. En ese sentido, la Asamblea solicitó al Ejecutivo restituir el rol protagónico de los gobiernos regionales en la formalización minera y fortalecer sus capacidades institucionales, argumentando que la centralización normativa compromete la eficiencia del proceso y dificulta la lucha contra la minería ilegal.
Asimismo, los gobiernos regionales rechazaron la inclusión de la figura de “transmisión sucesoria” en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), al considerar que podría generar distorsiones y fomentar prácticas informales. Finalmente, invocaron al Gobierno central a diseñar una estrategia de seguridad integral y multisectorial que permita restablecer el orden en las zonas afectadas por la minería informal.
