El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció una estrategia para enfrentar el hacinamiento penitenciario que podría permitir la liberación de aproximadamente 5,000 internos condenados por omisión a la asistencia familiar. A través de la Defensa Pública, se brindará asesoría legal gratuita a quienes cumplen condena por este delito, con el objetivo de revisar la proporcionalidad de la pena cuando esta impida el cumplimiento de la obligación alimentaria.
De acuerdo con el Código Penal, la omisión de pensión alimenticia puede sancionarse con hasta tres años de prisión. No obstante, el ministerio considera que esta medida punitiva podría ser contraproducente si imposibilita al condenado generar ingresos para cumplir con su deuda. La iniciativa se centra en promover el acceso a defensa legal como vía para revisar casos que podrían no requerir privación de libertad.
Diversas voces han expresado preocupación por los alcances de la propuesta, al señalar que no aborda con claridad mecanismos para garantizar el pago posterior de las pensiones. Se advierte que la medida podría percibirse como una señal de impunidad, debilitando la protección de derechos de niños y cónyuges. Además, la capacidad de la Defensa Pública para asumir miles de casos adicionales podría verse desbordada, lo que afectaría tanto la calidad de la representación como los tiempos procesales.
