El hacinamiento en los centros penitenciarios del Perú, que actualmente supera en un 200% su capacidad, ha motivado propuestas para aliviar la sobrepoblación. Una de ellas proviene de la congresista Katy Ugarte, quien ha planteado la posibilidad de trasladar a reclusos de alta peligrosidad a cárceles en El Salvador, país que ha sido mencionado por su modelo penitenciario. Sin embargo, esta propuesta no estaría exenta de importantes implicancias económicas para el Estado peruano.
Según estimaciones preliminares, el costo mensual por mantener a cada interno en penales salvadoreños ascendería a aproximadamente 20 mil soles, cifra que incluiría gastos de traslado y manutención. Esta modalidad de cooperación internacional penitenciaria implicaría un desembolso significativo, considerando la cantidad de internos que podrían ser enviados en caso de aprobarse la medida.
Actualmente, El Salvador percibe cerca de 20 mil dólares por cada persona deportada desde Estados Unidos que es recluida en su territorio, lo que da una referencia sobre los montos manejados en este tipo de acuerdos. La propuesta de Ugarte aún no ha sido discutida formalmente en el pleno del Congreso, pero ha generado debate en torno a la viabilidad económica y legal de implementar un convenio bilateral de esta naturaleza.
