El asesinato de José Miguel Castro, exgerente municipal de Lima durante la gestión de Susana Villarán, ha generado una seria alteración en el proceso judicial del caso Lava Jato en su tramo municipal. Según pudo reconstruir Augusto Cáceres Viñas, Castro había reconocido ante el Ministerio Público haber recibido sobornos por un total de 10 millones de dólares de las constructoras Odebrecht y OAS, fondos que fueron destinados a financiar campañas políticas contra la revocatoria y para la reelección de Villarán. Su testimonio, sustentado con documentación, era considerado clave para la anulación del contrato de concesión de Rutas de Lima.
Castro buscaba acogerse a un acuerdo de colaboración eficaz, el cual no fue formalizado a tiempo por decisión del fiscal José Domingo Pérez, quien condicionó su firma al inicio del juicio oral programado para septiembre. En este contexto, Brookfield, actual accionista mayoritaria del proyecto vial tras comprar la participación de Odebrecht, ha iniciado una demanda contra la Municipalidad de Lima por 2,700 millones de dólares, alegando daños a su inversión. La municipalidad ha señalado que dicha venta es nula, pues se realizó cuando Odebrecht ya era investigada por corrupción, hecho que Castro estaba en condiciones de probar ante la justicia.
Con su muerte, el caso pierde a su testigo central y el sustento directo de las acusaciones se debilita notablemente, lo que podría favorecer tanto a Brookfield en su reclamo como a Odebrecht frente a eventuales sanciones contractuales. La situación también reaviva los cuestionamientos sobre la actuación del equipo fiscal a cargo del caso y plantea dudas sobre la seguridad de otros involucrados, como la propia exalcaldesa Susana Villarán, quien fue señalada por Castro como conocedora y partícipe de los pagos ilegales.
