Durante una audiencia ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, el expresidente Pedro Castillo utilizó su turno de intervención no para ejercer una defensa jurídica, sino para emitir un mensaje político en el que arremetió contra su propia defensa legal. Castillo evitó responder a los cargos relacionados con su presunto intento de golpe de Estado y en su lugar dirigió críticas a quienes lo representan judicialmente.
El exmandatario expresó dudas sobre la legitimidad del abogado Ricardo Hernández Medina, asignado como su defensor público en el proceso. Según sus declaraciones, considera que su designación fue una imposición por parte del Ministerio Público y del propio sistema judicial. “Por eso reitero acá el señor Hernández Medina, que lo ha puesto en todo caso el Ministerio Público, es la defensa pública, pero lo han puesto ustedes”, manifestó Castillo ante los magistrados.
Este incidente se suma a una serie de actos en los que Pedro Castillo ha optado por deslegitimar los procedimientos en su contra, enfocando sus intervenciones en cuestionamientos al sistema judicial y al proceso que enfrenta, más que en una estrategia legal concreta. La audiencia forma parte del juicio por su intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022, hecho que lo llevó a ser detenido y posteriormente procesado.
